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La comunicación está en debate

El pasado sábado 7 de mayo Ecuador vivió su octavo proceso electoral en lo que va del mandato del Presidente de la República, Rafael Correa. Esta vez los ecuatorianos acudimos a las urnas para aprobar o desaprobar las tesis del gobierno planteadas a través de una consulta popular y referéndum. Una de las interrogantes se refirió a la creación de un Consejo de Regulación para los medios de comunicación, el cual según los criterios oficialistas tiene como finalidad salvaguardar los intereses ciudadanos ante los abusos de cierta prensa a la que califica como “corrupta”.  Pero, ¿es una medida que en realidad tiene como objetivo lo mencionado por el régimen? O, ¿es una estrategia política que busca aglutinar más poder?

Hernán Reyes, sociólogo y catedrático de la universidad Simón Bolívar, en el libro “Políticas de Comunicación en el Capitalismo Contemporáneo”, sostiene que “la mezcla de intereses políticos, económicos y judiciales es incompatible  con un manejo de medios de comunicación sano, independiente y atento únicamente a los intereses de la comunidad”[1].

Dichas palabras son acertadas, pero muy lejanas a la realidad nacional. Actualmente el clima de los medios de comunicación no es el mejor, pues la constante pugna de poderes entre el gobierno y los medios privados ha devenido en un ambiente muy hostil. Desde la asunción al poder del Presidente Correa en el 2007, los medios y ciertos periodistas han sido blanco de un sinnúmero de críticas. Muchas de ellas fundamentadas y otras con grandes visos políticos.

Por esta razón, desde octubre del 2009 la Asamblea Nacional, por mandato constitucional, emprendió la creación de una Ley de Comunicación. Este marco legal llegó al Legislativo con tres visiones disímiles, pues los asambleístas opositores Cesar Montufar (Concertación Nacional Democrática) y Lourdes Tibán (Pachacutik) presentaron sus proyectos de Ley. A estos se sumó el del oficialista Rolando Panchana.  Los tres con diferencias trascendentales en artículos como el referido a la creación de un Consejo de Comunicación y sus integrantes.

Estas divergencias hicieron que el debate se alargue y los resultados no sean nada favorables, pues ha pasado más de año y medio y el país aún no cuenta con una Ley de Comunicación. ¿Las razones?, la pugna entre dos poderes que buscan precautelar sus intereses: los medios privados y el gobierno.

Ambos han caído en una lucha constante por defender sus posturas. Los primeros se han autoproclamado “irrestrictos defensores de la tan manoseada libertad de expresión”. Mientras que los segundos  se han convertido en potenciales acusadores hacía un periodismo que responde a conveniencias personales.

En primera instancia la idea del régimen es buena, por no decir excelente. Su postura de exigir un mejor trabajo periodístico es saludable para todo colectivo social, fundamentalmente para quienes ejercen este oficio. El problema está en que el régimen no predica con el ejemplo, ya que tanto los medios incautados como los públicos (estos últimos con mayor responsabilidad social) demuestran una carestía inmensa en su labor profesional, pero sobre todo, en su compromiso con la sociedad.

Basta con cada mañana prender el televisor para encontrarnos con sorpresas desagradables que lo único que hacen es acrecentar la apatía por una labor tan venida a menos, pero tan necesaria para el desarrollo de los pueblos como es el periodismo.

Lamentablemente el régimen ha sucumbido ante las garras de una gobernabilidad mediática. Esto ha hecho que los medios que están en su poder sean aprovechados para el beneficio político y no para demostrar un verdadero accionar periodístico.

Ahora, una vez que aparentemente el triunfo del sí en la consulta parece consolidarse, los legisladores están obligados a redactar lo que manda la Constitución: una Ley de Comunicación.

Pero, ¿cuál es la Ley que merece el Ecuador si tanto medios y gobierno están equivocados? El eje central gira alrededor de los miembros que conformarán el Consejo de Regulación de Medios, pues es ahí donde se tomarán las decisiones de qué es bueno y qué es malo para la ciudadanía. Por este motivo, es de suma importancia que este organismo no esté supeditado ni al poder político ni al poder empresarial de los propietarios de los medios, ya que quienes van a ser regulados no pueden ser entes reguladores.

Esta oportunidad que tiene el país de crear una Ley que beneficie al desarrollo de la comunicación debe ser aprovechada, no menoscaba por ciertos dogmas mercantiles o partidistas, sino ejecutada a fin de terminar con aquellos que se hacen llamar “periodistas”, pero que no merecen ni el calificativo de chismosos.

Aquí un reportaje sobre el tema:


[1] Políticas de Comunicación en el Capitalismo Contemporáneo, Susana Cel, coordinadora. Monopolios mediáticos y juego sucio en la política, Hernán Reyes. Pag 163. Quito- Ecuador.

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